Sólo 1.000 se han inscrito en el nuevo registro de demandantes, el único válido para tener derecho a un piso de protección a partir del 21 de mayo. Los incluidos en el listado del bipartito deben repetir el proceso.
Algo más de 13.000 gallegos se quedarán fuera de los sorteos de vivienda pública si no se inscriben en el nuevo registro de demandantes de la Xunta antes del 21 de mayo. Ese día ya no será válido el antiguo registro que puso en marcha el bipartito, por lo que las personas que estaban apuntadas en él ya no figurarán como demandantes. De las 14.000 que aparecen en este censo todavía vigente, tan sólo 1.000 han solicitado su inscripción en el nuevo.
La Xunta anunció este plazo en enero, pero el ritmo de presentación de solicitudes no avanza todo lo rápido que preveía. Desde la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas advierten dos posibles problemas a medida que se acerque esa fecha: una avalancha de última hora que sature a los funcionarios o que muchos demandantes no se inscriban en el nuevo y, por tanto, queden fuera de los sorteos.
La cifra de demandantes de vivienda protegida asciende a 32.935 en toda Galicia, aunque la Xunta sostiene que no refleja la cantidad real porque muchas personas están inscritas varias veces en diferentes ayuntamientos. La demanda real se sitúa en las 14.000, de acuerdo con las estimaciones del departamento que dirige Agustín Hernández.
El tiempo se les acaba. Hasta el 21 de mayo esas personas sí optarán a los sorteos de viviendas que se realicen. A partir de entonces, ya no, por lo que la Xunta urge a los ciudadanos a solicitar su inclusión en el nuevo censo.
Este registro, que entró en vigor el 22 de enero, responde a un cambio de modelo respecto al impulsado por el bipartito con Teresa Táboas al frente de la Consellería de Vivenda. Es necesario presentar más documentación para acreditar de forma fehaciente que se cumplen los requisitos para optar bien a una vivienda de promoción pública (VPP) bien a una de promoción autonómica (VPA).
Las primeras son construidas por la Xunta y las segundas, por promotores privados en suelo reservado y a precio tasado por la Administración. La Xunta actual pretende purgar así un registro que antes exigía sólo el DNI como requisito de inscripción.
El nuevo registro introduce importantes cambios. Contará con tres secciones para optar a viviendas de promoción pública, de promoción privada y de promoción pública en núcleos rurales y cascos históricos. Las rentas máximas para optar a ellos varían: 2,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) para el primero; 6,5 veces para el segundo; y 3,5 para el tercero. Es decir, solo podrán optar a una de estas viviendas las personas que ingresen un máximo de 15.975 euros anuales, 41.535 y 22.365, respectivamente. Cada ciudadano podrá inscribirse en la sección que desee si cumple los requisitos y hasta en tres ayuntamientos colindantes, aunque deba señalar uno de ellos como prioritario.
El cambio en el registro de demandantes constituyó una de las actuaciones centrales en materia de promoción de vivienda, competencia del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) dentro del departamento de Agustín Hernández. Responder a la demanda real y agilizar el proceso de sorteo y adjudicación con las máximas garantías fueron los argumentos que esgrimieron para optar por un nuevo modelo.
En el registro figuraban 32.935 demandantes. Según sus datos, 28.589 optaban a promociones autonómicas y 21.680 a privadas, pues muchos solicitaban viviendas de ambas modalidades.
Aunque estas cifras no se ajustaban a la realidad, el desglose por provincias evidencia las diferencias demográficas de Galicia.
Pontevedra contaba con 14.028 solicitantes y A Coruña con 12.720, mientras Lugo y Ourense alcanzaban apenas 1.987 y 1.593, respectivamente. La fachada atlántica aglutina el 81% de la demanda total.
Con este sistema, la Xunta se ha fijado el objetivo de reducir de 18 a 6 meses el tiempo medio de tramitación para obtener una vivienda. Una vez se informe de una promoción se habilitarán 15 días para que el ciudadano solicite ser incluido en el sorteo. Diez días después se publicará la lista de admitidos, a la que podrán presentarse alegaciones durante una semana. A los tres meses de iniciarse el proceso se sortearán las viviendas. Según Medio Ambiente, a los 45 días se adjudicarán las no vendidas.
Fuente: http://www.laopinioncoruna.es/
