El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia visó en 2009 sólo 106 proyectos básicos de edificios de viviendas, 11 de casas colectivas abiertas (expuestas a los cuatro vientos) y 95 cerradas (entre medianeras).
El año anterior, que ya encajaba los efectos de la crisis, fueron 1.314 visados (216 de viviendas colectivas abiertas y 1.098 cerradas), lo que supone una caída del 91%. El dato subraya el alcance de la crisis del sector urbanístico, para la que no se espera una recuperación en términos tradicionales, como un cambio de ciclo, sino una "nueva frontera", ya teorizada, que asume la imposibilidad de avanzar en el modelo de desarrollo de las últimas décadas.
El sector está al borde del precipicio. "Es precisa una refundación del urbanismo", reclamaban en sus primeras palabras las conclusiones de unas jornadas organizadas a finales del año pasado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y el Consejo General del Poder Judicial. Las pautas legislativas y la ocupación del territorio que han marcado su desarrollo urbanístico de las últimas décadas se ponen ahora en tela de juicio. Todos los expertos coinciden en la necesidad de limitar la ocupación expansiva del suelo y proceder a un reordenamiento jurídico que ha de comenzar por el concepto angular: pasar del suelo, que enfatiza en la propiedad privada, al territorio, que subraya el interés colectivo.
Durante más de 30 años se ha practicado un urbanismo netamente expansivo, acompañando el crecimiento de las clases medias para las que se iban deparando ensanches y nuevos barrios en las siete ciudades gallegas. Pero esa dinámica ya no puede continuar. "Se cierra más que un ciclo", afirma Salvador Fraga, delegado del Colegio de Arquitectos de Vigo. "Se abre una nueva frontera". La expansión de la ciudad desde su núcleo está dejando de ser el referente de la actividad urbanística, que vuelve la vista a la "cualificación de las periferias".
La cualificación remite a dotar lo ya construido con la calidad que permiten las nuevas tecnologías en el ahorro energético, en los materiales o en los diseños. "Una suerte de reciclaje de lo que ya hay", comenta Fraga. El gran teórico de esta nueva frontera profesional, el italiano Renzo Piano, premio Pritzker y uno de los arquitectos más prolíficos del momento, asegura que la cualificación de las periferias será la tarea principal de los arquitectos en los próximos 50 años. En París ya ha comenzado, tras las revueltas de hace unos años en los barrios de inmigrantes, con Piano como instigador. El Colegio de Vigo se apunta a su estela y ya ha mandado la propuesta al Ayuntamiento.
En la delegación colegial de Vigo hay inscritos 479 arquitectos, más de la mitad de los cuales se han colegiado en la última década, es decir, son gente joven "y con mucho talento, que debería aprovecharse", apostilla Fraga. El mercado no les deja hueco. Es un problema extendido por toda España, el país con más alto índice de arquitectos de Europa. Hay unos 55.000, y otros 175.000 estudiantes haciendo la carrera. En Galicia son 2.756 los arquitectos colegiados. En Madrid y Sevilla ya está ensayándose la aplicación de las teorías de Piano, como en París.
Formalmente se trata de poner en marcha el denominado Panel de Innovación de la Periferia Urbana, Pipur, con el cometido de formular actuaciones asistemáticas y que se conviertan en un ejemplo de otra manera de trabajar. Los arquitectos de Vigo han propuesto al Ayuntamiento desarrollar el Pipur con una docena de equipos profesionales, formados por un arquitecto veterano y otros jóvenes. El reto de reciclar el urbanismo de la periferia viguesa se afrontará con reuniones abiertas a la participación vecinal, "para encarar una nueva fase del urbanismo menos dispositiva y más cooperativa", explica Fraga.
La Ley del Suelo tiene en España más de medio siglo de vigencia y en ese tiempo no ha registrado ningún cambio realmente sustancial. Es la piedra angular de la actual estructura jerárquica a la que ha de someterse el ordenamiento urbanístico, con el plan general en la cúspide y una rigidez en la regulación de las actuaciones de propietarios, promotores, arquitectos y gobernantes que, al cabo, deja a todos maniatados y contribuye a la confusión normativa y a la proliferación de despropósitos. "Nuestro Pipur, si el Ayuntamiento lo acepta y habilita fondos para becas, podría empezar a cambiar esa disposición de las cosas", promete Fraga.
Fuente: www.elpais.com
