Los beneficiarios de las ayudas de alquiler de la Xunta saldrán de un sorteo



Más allá de limar los requisitos para los solicitantes de las ayudas, que podrán ahora tener unos ingresos de hasta casi 26.000 euros al año frente a los 22.000 de máximo que marcaba la actual normativa, el nuevo plan para fomentar el alquiler en Galicia supondrá una auténtica transformación en la adjudicación de las subvenciones. En el propio proceso. Los habituales acuerdos entre arrendador y arrendatario para ir de la mano a la Xunta, la fórmula más empleada desde que el bipartito puso en marcha el programa, se acabaron. Para cada piso se hará una selección por sorteo de posibles candidatos entre las personas que estén inscritas en el registro autonómico de vivienda, reúnan todas las exigencias económicas y sociales que marca el decreto que prepara la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras y el inmueble se adapte a sus necesidades.


De ahí saldrá un listado de diez aspirantes en orden según el grado de cumplimientos de todas estas características. Hay solicitantes que tendrán prioridad sobre el resto. ¿Cuáles? Los menores de 35 años, los mayores de 65, familias numerosas, las monoparentales con hijos, separados y divorciados, y colectivos especialmente sensibles que no tendrán que acreditar un mínimo de ingresos, como las víctimas de violencia de género, dependientes y discapacitados o que estén en riesgo de exclusión social.

Las aprobaciones directas de las ayudas serán excepcionales. Sólo en situaciones de "emergencia", según recoge el borrador del decreto del Programa Aluga, cuando la petición sea de una mujer maltratada, las condiciones físicas por enfermedad del candidato lo exijan o un actual beneficiario se quede en la calle porque la vivienda que ocupa ya no es apta. Los contratos, de un año de duración, se prorrogarán "obligatoriamente" durante cinco ejercicios y serán todos iguales. Habrá un mes para entrar en el piso. En caso contrario, se perderá el derecho a alquilarlo. De todos los trámites se encargarán en las oficinas que el Instituto Galego de Vivenda e Solo abrirá en las siete grandes ciudades gallegas.

Con el paso de registrarse como demandante de vivienda en alquiler, los interesados en las ayudas deberán, como ocurre en el caso de las inscripciones para la compra de pisos de protección pública, abrir las opciones de residencia. Más de un concello como alternativa para acceder al arrendamiento. Pero ojo. Si se renuncia dos veces a una adjudicación, sea provisional o definitiva, no habrá posibilidad de volver a pedir las subvenciones hasta que pasen dos años.

El importe máximo del alquiler que se puede subvencionar va de los 400 euros en caso de los demandantes que no sobrepasen 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) a los 600 para los que cobren al año entre 2,5 y 3,5 veces el índice. El hecho de que se permita alcanzar hasta las 3,5 veces el Iprem es otra de las novedades de la reforma -el actual programa dejaba el techo en 3 veces-, lo que en la práctica supone elevar el máximo de renta hasta los 26.000 euros por ejercicio. El precio se fijará según la cotización del mercado en la zona donde se asiente el inmueble. Los ingresos marcarán también el porcentaje subvencionable en el alquiler: un 70% por debajo de 1 vez el Iprem, un 60% entre 1 y 2 veces, un 50% entre 2 y 2,5 veces y un 30% para los salarios más elevados, con el límite en esas 3,5 veces.

Otra de las condiciones para ofrecer un piso al programa está relacionada con su ubicación. Sólo se admitirán viviendas en los concellos y en las áreas de influencia en los que existe "demanda real" y que se determinará en función de si existen solicitantes inscritos en el registro. Aquellas que estén en "un entorno que las haga difícilmente alquilables" o no se adapten a los requisitos "esenciales" de habitabilidad también se quedarán fuera

 
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